Decreto 303 de sometimiento a la Justicia


DECRETO 303 DE 1991
POR EL CUAL SE DICTAN MEDIDAS TENDIENTES AL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, SE MODIFICAN Y ADICIONAN EN LO PERTINENTE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 2047 Y 3030 DE 1990, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto legislativo 1038 de 1984,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto legislativo 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;
Que por medio de los Decretos legislativos 2047 y 3030 de 1990 el Gobierno Nacional creó mecanismos para lograr que quienes hubieren cometido delitos relacionados con los fenómenos de violencia que motivaron la declaratoria de turbación del orden público se sometan ala justicia colombiana, con el fin de restablecer la tranquilidad ciudadana;
Que es necesario diseñar mecanismos jurídicos que  permitan a quienes hubiesen cometido delitos de competencia de la jurisdicción de orden público, someterse a la justicia a fin de que se restablezca el imperio del derecho;
Que además se hace necesario crear instrumentos jurídicos eficaces que permitan allegar válidamente a los correspondientes procesos penales las pruebas producidas en el exterior,
DECRETA:
Artículo 1º De conformidad con lo previsto en el Decreto legislativo 3030 de 1990, las personas que se sometan a la justicia en las condiciones y por razón de los delitos allí contemplados, tendrán derecho a las rebajas de pena allí previstas, y no serán extraditadas por ningún delito, confesado o no, cometido antes de la fecha de la entrega, siempre que cumplan efectivamente la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia respectiva como se prevé en el mencionado Decreto. En este último caso se exceptúa la cesación de procedimiento a que se refiere el inciso tercero del artículo 9 del mismo Decreto.
Artículo 2º Los hechos o conductas delictivas imputables al procesado que por desvirtuar el régimen de sometimiento a la justicia previsto en los Decretos legislativos 2047 y 3030 de 1990, hagan perder cualquiera de los beneficios allí establecidos, deberán estar probados dentro del proceso, y si se trata de hecho punible, sólo operarán a partir de la ejecutoria de la sentencia que lo declara.
Artículo 3º Modificado en lo pertinente por el Decreto 1303 de 1991, artículo 10. El artículo 5º del Decreto legislativo 3030 de 1990, quedara así:
Artículo 3: En el auto de apertura de investigación el juez dispondrá las siguientes diligencias:
a) A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitará a las autoridades extranjeras, el envío de todas las pruebas y demás informaciones que las autoridades competentes del respectivo país dispongan con respecto a procesos o investigaciones que en tal país cursen contra el procesado, ya se trate de los mismos hechos o de otros que puedan ser materia de investigación en Colombia. Para tal efecto deberá precisar claramente el nombre y demás datos que permitan la identificación del procesado, así como los motivos de la indagación.
Solicitará, igualmente, el envió de información relacionada con las solicitudes de extradición que se hubieren formulado, o pudiesen formularse contra el procesado;
b) Pedirá al Ministerio de Justicia el envío de toda la documentación existente en contra del procesado por razón de peticiones de extradición, para agregarla al proceso;
c) Pedirá a todos los juzgados del país por conducto de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, el envió de todos los procesos en los que esté vinculado el procesado como autor o partícipe;
d) Solicitará informes al Departamento Administrativo de Seguridad, a la Policía Nacional y demás autoridades de policía judicial sobre las investigaciones que se estén adelantando contra el procesado;
e) Dispondrá la práctica de las pruebas que considere conducentes para confirmar o infirmar las aseveraciones hechas por el procesado en su confesión, y de las demás que considere pertinentes para esclarecer los hechos;
f) Dará aviso al Ministerio Público para que adelante lo relativo a la indemnización de perjuicios en los términos señalados en el Decreto 2790 de 1990;
g) Solicitará a las autoridades nacionales el envió de las pruebas que se hayan producido válidamente en otro proceso, dentro o fuera del país, y que tiendan a establecer los hechos materia de la investigación, en los términos del artículo 256 del Código de Procedimiento Penal".
Parágrafo. Las previsiones consagradas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo previsto en tratados públicos, convenciones, usos internacionales y los acuerdos válidamente celebrados entre gobiernos.
Artículo 4º En el trámite de los procesos de que tratan los Decretos legislativos 2047 y 3030 de 1990, la sentencia condenatoria también deberá ser consultada ante el tribunal de orden público.
Artículo 5º El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y suspende las normas que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.           
Dado en Bogotá, D. E., a 29 de enero de 1991.
FIRMAN: CESAR GAVIRIA TRUJILLO. El Ministro de Gobierno, HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA; El Viceministro de Relaciones Exteriores, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, RODRIGO PARDO GARCIA PEÑA; El Ministro de Justicia, JAIME GIRALDO ANGEL; El Ministro de Hacienda y Crédito Público, RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ; El Ministro de Defensa Nacional, General OSCAR BOTERO RESTREPO; La Ministra de Agricultura, MARÍA DEL ROSARIO SINTES ULLOA; El Ministro de Desarrollo Económico, ERNESTO SAMPER PIZANO; El Ministro de Minas y Energía, LUIS FERNANDO VERGARA MUNARRIZ; El Ministro de Educación Nacional, ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO; El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, FRANCISCO POSADA DE LA PEÑA; El Ministro de Salud, CAMILO GONZALEZ POSSO; El Ministro de Comunicaciones, ALBERTO CASAS SANTAMARIA; El Ministro de obras Públicas y Transporte, JUAN FELIPE GAVIRIA GUTIERREZ.

Decreto 264 de beneficios con la justicia


DECRETO 264 DE 1993

Diario Oficial No.40.739, de 5 de febrero de 1993.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
Por el cual se expiden normas sobre concesión de beneficios por colaboración con la justicia.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 1793 de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1793 del 3 de noviembre de 1992 se declaró el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional, fundado, entre otros, en los siguientes motivos:
"Que en las últimas Semanas la situación de orden público en el país, que venía perturbada de tiempo atrás, se ha agravado significativamente en razón de las acciones terroristas de las organizaciones guerrilleras y de la delincuencia organizada";
Que mediante la colaboración con la justicia es posible prevenir la comisión de hechos punibles, desarticular organizaciones delictivas y deducir responsabilidad penal de quienes las conforman;
Que es necesario establecer mecanismos que permitan obtener la colaboración en la investigación penal por hechos de competencia de los jueces regionales, con el fin de asegurar la eficacia de la administración de justicia;
Que con tal propósito es procedente establecer instrumentos que permitan recaudar pruebas contra los responsables por delitos de competencia de los jueces regionales, ofreciendo beneficios especiales a las personas que colaboren eficazmente con la justicia en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de la responsabilidad penal de los autores y partícipes;
Que es preciso establecer beneficios para salvaguardar el derecho constitucional a la no incriminación de quienes colaboren con la administración de justicia, habiendo participado en la comisión de delitos;
Que conforme al artículo 250 de la Constitución Política corresponde a la Fiscalía General de la Nación, entre otras atribuciones, investigar los delitos y acusar los presuntos infractores, tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el restablecimiento del derecho, calificar y declarar precluidas las investigaciones, y las demás funciones que establezca la ley;
Que de acuerdo con los artículos 116 y 228 de la Constitución Política la Fiscalía General de la Nación administra justicia y pertenece a la Rama Judicial;

DECRETA:
BENEFICIOS Y CRITERIOS PARA SU CONCESION.
ARTICULO 1o. BENEFICIOS. El Fiscal General de la Nación o el Fiscal que éste designe podrá conceder uno o varios de los beneficios consagrados en este Decreto a las personas que sean o puedan ser investigadas, juzgadas o condenadas por delitos de competencia de los jueces regionales, en virtud de la colaboración que presten para la eficacia de la administración de justicia, de conformidad con los criterios establecidos en este Decreto.

Podrán concederse los siguientes beneficios:
a) Garantía de que las manifestaciones del imputado o procesado no se utilizarán directa o indirectamente como prueba en su contra;
b) Beneficio de libertad provisional, que se otorgará de acuerdo con el trámite previsto en el Código de Procedimiento Penal, en cuanto a las obligaciones que deben imponerse al beneficiario;
c) Detención domiciliaria para delitos cuya pena mínima no exceda de ocho años de prisión;
d) Exclusión o concesión de causales específicas de agravación o atenuación punitiva respectivamente, siempre que existan dudas sobre los medios probatorios que demuestren su existencia.
La exclusión de causales de agravación punitiva y la concesión de causales de atenuación punitiva se otorgarán para efectos de formular resolución de acusación, dictar sentencia o determinar la procedencia de la medida de aseguramiento que deba adoptarse;
e) Proferimiento de resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento;
f) Disminución punitiva de acuerdo con la colaboración que se haya prestado en proporción que determinará el fiscal competente. El beneficio se deducirá de la pena que se imponga en la sentencia condenatoria;
g) Otorgamiento de libertad condicional. El tiempo de pena cumplida necesario para obtener la libertad condicional se fijará por el fiscal competente según la eficacia de la colaboración;
h) Aumento de rebaja de pena por estudio, trabajo o enseñanza según la colaboración prestada;
i) Suspensión de la condena impuesta;
j) Exclusión parcial o total del cumplimiento de la pena para el sentenciado;
k) Exclusión de pago de multa;
l) No imposición de una o varias penas accesorias;
m) Supresión de antecedentes penales;
n) Incorporación al programa de protección a víctimas y testigos.

PARAGRAFO. Los beneficios anteriores pueden ser concurrentes a juicio de la
Fiscalía siempre que no se excluyan por su naturaleza.

ARTICULO 2o. CRITERIOS. El otorgamiento de los beneficios a que se refiere el presente Decreto podrá hacerse según evaluación del Fiscal General de la Nación o del fiscal que éste designe en razón del grado de colaboración que se preste para la eficacia de la administración de justicia, siempre que se busque alguna de las siguientes finalidades:
a) Prevenir la comisión de delitos o disminuir sus consecuencias;
b) La desarticulación de organizaciones delincuenciales o la captura de sus integrantes;
c) La conducencia al éxito de la investigación en cuanto a la determinación de los autores intelectuales de los delitos;
d) La obtención de pruebas necesarias para determinar la responsabilidad penal de los autores o partícipes de los hechos punibles a que hace referencia este Decreto.

PROCEDIMIENTO
ARTICULO 3o. COLABORACION ANTES O DURANTE LA ETAPA DE INDAGACION PREVIA. Cualquier persona que desee colaborar para la eficacia de la administración de justicia podrá acudir ante el Fiscal General de la Nación o el fiscal que éste designe, para los efectos previstos en el presente Decreto. Si la colaboración se realiza antes o durante la etapa de indagación previa se hará constar en un acta el acuerdo derivado de la colaboración con la justicia. Si el reconocimiento del beneficio permite proferir resolución inhibitoria, en la providencia el fiscal competente de manera detallada explicará las razones por las cuales adopta dicha resolución. Ejecutoriada la providencia hará tránsito a cosa juzgada.

ARTICULO 4o. COLABORACION DURANTE LA ETAPA DE INSTRUCCION. Si la colaboración a que se refiere este Decreto se realizare durante la etapa de instrucción, y el beneficio reconocido permite la preclusión del proceso, el Fiscal General de la Nación o el fiscal que éste designe comunicará el beneficio otorgado al funcionario que tenga el conocimiento de la instrucción quien proferirá la providencia respectiva. Si el beneficio no implica la preclusión del proceso, el Fiscal al formular la acusación, acompañará a la resolución el acta en que haya acordado con el procesado el beneficio correspondiente, para que el juez profiera sentencia de conformidad.

ARTICULO 5o. COLABORACION DURANTE LA ETAPA DE JUZGAMIENTO. Si la colaboración se realiza durante la etapa de juzgamiento el fiscal suscribirá un acta que contenga el acuerdo a que se haya llegado con el procesado para la concesión de los beneficios, la cual se aportará al proceso para que el juez reconozca dichos beneficios en la sentencia.

ARTICULO 6o. PROCEDIMIENTO DURANTE LA EJECUCION DE LA PENA.
Cuando el beneficio sea reconocido durante la ejecución de la pena el Fiscal enviará al Juez de Ejecución de Penas o a quien haga sus veces el informe respectivo para que se profiera la decisión de acuerdo con lo manifestado por la Fiscalía.

ARTICULO 7o. OPORTUNIDAD PARA REALIZAR EL ACUERDO. En cualquiera de las etapas procesales podrán celebrarse las reuniones que fueren necesarias para determinar la procedencia del beneficio, a iniciativa del fiscal que conoce del proceso, del Fiscal General de la Nación o su delegado, del Procurador General de la Nación o su delegado, del procesado o sentenciado.

ARTICULO 8o. TERMINO PARA RECONOCER LOS BENEFICIOS. Los beneficios deberán reconocerse en providencia motivada dentro de los quince días siguientes contados a partir de aquel en que se haya acordado su concesión, siempre y cuando dicho beneficio no deba ser reconocido en la sentencia respectiva. Contra dicha providencia proceden los recursos ordinarios.
ARTICULO 9o. INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO. Corresponde al Ministerio Público emitir concepto previo al otorgamiento de los beneficios e interponer los recursos ordinarios pertinentes. Dicho concepto no será obligatorio y deberá ser proferido dentro de los 10 días siguientes a la solicitud de la Fiscalía.

DISPOSICIONES COMUNES

ARTICULO 10o. INTERVENCION DEL JUEZ. El juez reconocerá los beneficios otorgados por la Fiscalía salvo que se hayan violado derechos constitucionales fundamentales del procesado o que exista prueba de que el otorgamiento del beneficio fue determinado por violencia contra el funcionario o por delito cometido por éste. En el evento de que el juez no acepte los beneficios otorgados por la Fiscalía, lo hará mediante auto interlocutorio contra el cual proceden los recursos ordinarios.

ARTICULO 11o. INEXISTENCIA DE ACTUACIONES PROCESALES. Las actuaciones que se realicen durante el trámite previsto en este Decreto, se consignarán en cuaderno separado. En caso de que no resulte procedente alguno de los beneficios de que trata este Decreto el cuaderno se archivará. Lo acordado por el declarante, imputado, procesado o condenado con el Fiscal se tendrá como inexistente y no se podrá considerar como prueba.

ARTICULO 12o. DE LA NO ACUMULACION DE BENEFICIOS. Los beneficios establecidos en el presente Decreto no son acumulables con los demás establecidos en otras disposiciones. El beneficiario podrá acogerse a cualquiera de los regímenes vigentes. En todo caso se reconocerá la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza establecida en la ley.

ARTICULO 13o. Si para colaborar con la justicia la persona se limita a realizar confesión simple, sólo se tendrá en cuenta la disminución prevista para el efecto en el Código de Procedimiento Penal. No obstante, si además de la confesión la persona colabora para los fines previstos en este Decreto, el fiscal competente podrá acordar cualquiera de los beneficios establecidos en el artículo primero.

ARTICULO 14o. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su promulgación y suspende las disposiciones que le sean contrarias y su vigencia se extenderá por el tiempo de la conmoción interior, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional la prorrogue según lo previsto en el inciso tercero del artículo 213 de la Constitución Política.

FIRMAN: CESAR GAVIRIA TRUJILLO. El Ministro de Gobierno, FABIO VILLEGAS RAMIREZ; La Ministra de Relaciones Exteriores, NOHEMI SANIN DE RUBIO; El Ministro de Justicia, ANDRES GONZALEZ DIAS; El Ministro de Hacienda y Crédito Público, RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ; El Ministro de Defensa Nacional, RAFAEL PARDO RUEDA; El Ministro de Agricultura, ALFONSO LOPEZ CABALLERO, El Viceministro de Desarrollo Económico, encargado de las funciones del Despacho del Ministro, NELSON RODOLFO AMAYA CORREA; El Ministro de Minas y Energía, GUIDO NULE AMIN; El Viceministro de Comercio Exterior, encargado de las funciones del Despacho del Ministro, MARTHA LUCIA RAMIREZ DE RINCON; El Ministro de Educación Nacional, CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCIA; El Ministro de Comunicaciones, WILLIAN JARAMILLO GOMEZ; El Ministro de Obras Públicas y Transporte, JORGE BENDECK OLIVELLA; El Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, encargado de las funciones del Despacho del Ministro, LUIS VICENTE SERRANO SILVA; El Ministro de Salud, JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA.